

El año 2026 se presenta especialmente relevante en materia de derecho laboral. A las reformas aprobadas en los últimos años se sumarán nuevos desarrollos normativos y una intensificación del control administrativo que afectará de forma directa a la organización del trabajo, a los costes laborales y a la gestión de personas en las empresas. Conocer estos cambios con antelación permitirá a empleadores y profesionales anticiparse y minimizar riesgos.
Ampliación y consolidación de los permisos por nacimiento y cuidado de menor
Como ya sabemos, el 30 de julio de 2025 se publicó el Real Decreto-ley 9/2025 por el que se amplía el permiso de nacimiento y cuidado del menor.
En 2026 se aplicará de forma plena la ampliación de este permiso, pasando de las 16 semanas hasta 19 semanas para cada progenitor. Será ahora cuando muchas empresas afronten su impacto real en términos de planificación de plantilla, ya que el disfrute de las dos semanas adicionales, cuatro en el caso de monoparentalidad, para el cuidado del menor nacido o adoptado desde el 2 de agosto de 2024 hasta que cumpla los 8 años de edad, se puede solicitar a partir del 1 de enero de 2026.
El aumento de la duración de los permisos obliga a reforzar los sistemas de organización de la plantilla, revisar los protocolos internos y adaptar las políticas de reincorporación tras la baja, especialmente en sectores con menor rotación o plantillas ajustadas.
Refuerzo de la actuación de la Inspección de Trabajo
El proyecto de Real Decreto sobre registro horario, que a día de hoy aún no ha sido publicado en el BOE, condicionará el año 2026 por una intensificación de la actividad de la Inspección de Trabajo, especialmente en materias como el control de la jornada, el registro del tiempo de trabajo, la contratación temporal y el respeto al derecho a la desconexión digital.
En este contexto, se prevé la implantación obligatoria de un sistema de registro horario digital, que exigirá a las empresas contar con mecanismos más precisos, trazables y fiables, garantizando en todo caso la accesibilidad para la Inspección de Trabajo, la seguridad de los datos y la transparencia para las personas trabajadoras.
Ante este escenario, resultará imprescindible que las empresas se aseguren de que la realidad efectiva de la prestación de servicios se corresponde con lo recogido en sus políticas internas y en la documentación laboral.
Reducción de jornada y derecho a la desconexión digital
En relación con la reducción de la jornada de 37,5 horas semanales, por ahora sigue siendo difícil su aprobación.
No obstante, ante un eventual escenario de entrada en vigor de la regulación, las empresas deberán afrontar la adaptación de sus calendarios laborales, sistemas de control horario y modelos organizativos. Estos ajustes supondrán un reto significativo, especialmente en entornos con trabajo a distancia o con altos niveles de flexibilidad horaria. Asimismo, se reforzará el derecho a la desconexión digital, lo que obligará a las empresas a definir y aplicar límites claros al uso de dispositivos y a las comunicaciones profesionales fuera del tiempo de trabajo ordinario.
Prórroga del SMI 2025 hasta la aprobación del SMI 2026, incremento de cotizaciones y costes laborales
El Real Decreto-ley 16/2025 prorroga la vigencia del Real Decreto 87/2025 por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2025 hasta que se apruebe el real decreto por el que se fije el SMI para 2026.
Para el año 2026 y hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado correspondiente, las bases mínimas de cotización se incrementan en el mismo porcentaje que lo haga el salario mínimo interprofesional incrementado en 1/6.
Por su parte, la base máxima de cotización y el tope máximo de las bases de cotización se fijan para 2026 en 5.101,20 euros mensuales, aplicable a todos los regímenes del sistema de la Seguridad Social.
El Real Decreto-ley 16/2025 fija el tipo de cotización del MEI para el ejercicio 2026 en el 0,90% (hasta ahora era un 0,80%), distribuyéndose el 0,75% a cargo de la empresa y el 0,15% al trabajador.
Además, se introducen nuevos tramos de cotización por la cuota adicional de solidaridad para las retribuciones que superen la base máxima del régimen general.
En conjunto, estas medidas implican un incremento del coste laboral para las empresas, tanto por el aumento de las cotizaciones sobre salarios habituales como por las contribuciones adicionales sobre las retribuciones más elevadas, lo que hace imprescindible su integración en la planificación presupuestaria y salarial del próximo año.
Impacto de la nueva ley de movilidad sostenible
Según la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible, las empresas con más de 200 personas trabajadoras, o 100 por turno, cuyo centro de trabajo habitual se vea afectado, deberán contar con un plan de movilidad sostenible en el plazo de 2 años desde la entrada en vigor de la norma, esto es antes del 5 de diciembre de 2027. Esta obligación constituye un reto adicional para la planificación y organización de las plantillas, y exigirá a las empresas anticiparse para garantizar el cumplimiento adecuado de la ley.
Nuevo Estatuto de las Personas en Prácticas
El 4 de noviembre de 2025, el Consejo de Ministros aprobó el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, conocido como Estatuto del Becario, una de las principales novedades laborales previstas para 2026. Su objetivo es reforzar los derechos de las personas en prácticas y evitar su utilización como fórmula de empleo encubierto.
La norma exigirá acreditar un contenido formativo real, garantizar una adecuada tutorización y respetar determinados límites, entre ellos que las personas en prácticas no superen el 20 % de la plantilla. No obstante, el texto aún no ha sido publicado en el BOE, por lo que será necesario esperar para conocer el alcance definitivo de la regulación y las obligaciones concretas para las empresas.
Conclusión
Las novedades laborales previstas para 2026 dibujan un escenario de mayor exigencia normativa y de refuerzo del control administrativo. En este contexto, la anticipación y la revisión de las políticas internas serán claves para garantizar el cumplimiento normativo y evitar conflictos. Las empresas y los profesionales que se adelanten a los cambios estarán mejor preparados para afrontar los retos laborales del próximo año con tranquilidad y seguridad.
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