
No es ningún secreto que el Salario Mínimo Interprofesional en España (en adelante SMI), ha tenido un notable incremento en los últimos años.
Exactamente, y atendiendo a la información estadística publicada por el propio Ministerio de Trabajo y Economía Social, desde el año 2019 hasta hoy, el SMI se ha incrementado en un 33,10%, pasando de los 10.302,60 €/año del año 2018 a los 14.000,00 €/año en los que se encuentra fijado actualmente (fuente página del Ministerio de Trabajo y Economía Social https://www.mites.gob.es/estadisticas/bel/SMI/index.htm).
Se trata sin duda de una buena noticia para los trabajadores con los salarios más ajustados, que supera de forma notable el incremento que correspondería atendiendo a la actualización de rentas con el IPC general, que para períodos anuales completos, se sitúa entre agosto de 2018 y agosto de 2022 en un 14%, o lo que es lo mismo, de 10.302,60 € a 11.744,96 € (fuente página del Instituto Nacional de Estadística https://www.ine.es/calcula/calcula.do).
Sin embargo, también hay que tener en cuenta que, según los datos adelantados de la inflación del mes de agosto, ésta va a superar el 10%.
Pues bien, tanto en Europa como en España, se están tomando medidas al respecto.
En España y durante los primeros quince días del mes de septiembre, se han sucedido las noticias relativas al próximo incremento del SMI, y la necesidad de defender los salarios en el contexto actual, la última vez y de forma destacada, a través de la propia Ministra de Trabajo en la reunión del G20 celebrada el 14 de septiembre.
Por su parte, en Europa, el acuerdo provisional para la Directiva de adecuación de salarios aprobada el pasado mes de junio (adequate minimum wages in the European Union), tiene como objetivo mejorar las condiciones de trabajo a través de mejoras económicas y sociales entre las que, si bien se respetarán las prácticas nacionales de fijación de salarios, se establecerán una serie de garantías de cara a los salarios mínimos.
El preacuerdo entiende que las personas trabajadoras tienen que poder llevar una vida digna, lo que se sitúa en relación con el coste de la vida, y señala como mecanismos de autoevaluación para los países miembros la referencia de la cesta de bienes y servicios a precios reales, o bien el 60% de la mediana bruta y el 50% del salario medio bruto.
Como se infiere de lo dicho hasta ahora, se trata de un preacuerdo que aún debe ser aprobado por el Consejo de la Unión y publicado en el DOUE, momento en el que iniciará un período de dos años para que los países miembros den cumplimiento.
La realidad es que el Ministerio de Trabajo ha expresado su interés en fijar el SMI en el 60% del salario medio nacional en el 2023, con lo que en su caso se estarían adelantando las medidas y las normas que quiere fijar el Parlamento Europeo a este respecto.
De una forma o de otra y en apenas 3 meses, si no antes, podremos conocer los detalles del nuevo SMI.
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